sábado, 1 de noviembre de 2008

Estado, política y educación, La teoría Liberal

El texto transcripto a continuación, pertenece a Daniel Filmus:

Algunas concepciones teóricas
¿Razón o ilusión? Estado y sociedad en la modernidad
Podría afirmarse que hoy día existe considerable consenso respecto de los principales problemas que aquejan a la educación: dificultades para que todos los destinatarios finalicen la educación obligatoria en el tiempo estipulado y para que aprendan aquello considerado mínimo para el desempeño ciudadano; desigualdad en el servicio al que acceden distintos sectores sociales; serios déficits presupuestarios, tanto en términos salariales de los profesionales que allí se desempeñan como en infraestructura y equipamiento.

Pero este acuerdo inicial está lejos de garantizar un diagnóstico común de las causas que han provocado esta situación, de las estrategias necesarias para revertirla y menos aún, de cuál es el rol que debe adoptar el Estado frente a la educación en su totalidad.

El Estado ha avanzado cada vez más sobre la educación. Es quien legisla, financia, certifica, evalúa, designa su conducción, etc. Por ello, no es posible pensar la educación sin pensar al Estado y a las políticas públicas.
Es posible distinguir dos tradiciones clásicas acerca del Estado -y por supuesto del orden social- de las cuales deriva toda otra interpretación acerca de dicho vínculo: la tradición liberal y la tradición marxista.

La tradición liberal
La perspectiva liberal se remonta a la escuela iusnaturalista que tienen como característica aglutinante el método. Todos ellos creen en la superioridad de la razón y someten la reflexión sobre la conducta humana a la ciencia demostrativa y el derecho al descubrimiento de reglas universales. Se separan de principios teleológico.

Al pensar el orden social, distinguen al menos dos momentos, uno pre-político y otro político propio del estado civil. El primero es el reino del interés, de las pasiones y de los individuos aislados. ¿Cómo generar las condiciones para la vida colectiva a partir de esta situación natural? Es necesario superar esta instancia a través de actos racionales y voluntarios.

El pacto es el mecanismo a través del cual los miembros de una sociedad se dan sus propias normas, las que regirán el comportamiento civilizado de sus partes. Cómo es este orden natural varía de un autor a otro: un estado de guerra real, un estado de guerra potencial, de pura paz.... Pero en todos ellos, el pacto aparece como una metáfora constitutiva del hito de pasaje de la sociedad natural a la sociedad civil.

Para Locke, uno de los teóricos del liberalismo, el pacto es doble: el primero de asociación para construir la sociedad, y el segundo de sujeción. A partir de éstos, el Estado se constituye en un tercero que garantiza las condiciones del pacto y se encuentra por ello sometido a la voluntad general.

Sobre estas bases se constituirá la teoría liberal, en confrontación feroz con las monarquías absolutas, criticadas por avasallar la libertad individual y los derechos del ciudadano. Bajo el criterio de soberanía popular, se proclama la emancipación del poder político del poder económico y del religioso para dar lugar al pacto del que surgirían los representantes, efecto de la razón de los individuos que componen la sociedad y no de un designio divino o por herencia.

Características de la teoría liberal
“a) Individualismo: la sociedad es la suma de las acciones individuales; estas acciones son concebidas como racionales, es decir, con estricta conexión entre medios y fines. La sumatoria de las acciones racionales, egoístas y optimizadoras generará el bienestar general. Decía Adam Smith, ‘El hombre dejado a su iniciativa al proseguir su propio interés (egoísta), promueve el de los demás’. (...)
b) Naturalismo: influencia sobre el liberalismo clásico de la visión newtoniana del mundo, con sus componentes de leyes universales y creencia en la naturaleza humana inmutable, sujeta como toda naturaleza a leyes universales. La sociedad política sólo se justifica para proteger la propiedad y vigilar que las relaciones mercantiles se lleven en forma ordenada.
c) Progreso: de la sociedad basado en la razón, razón natural con leyes naturales. Esta herencia del iluminismo también permeó al liberalismo del siglo XIX, la confianza en las capacidades neutrales de la ciencia para señalar rumbos naturales del progreso”.

El resultado propuesto por estos teóricos es un estado mínimo, que no se interponga en el funcionamiento del libre mercado, pero que, al encarnar lo público, preserve la libertad de los individuos.

En tanto garante del pacto, el Estado se supone neutral frente a los intereses de cualquier grupo social, y mediador de los conflictos sociales sin interponer interés particular, lo que hace posible que represente el interés público o voluntad general a la vez que garantiza su autonomía, tanto de los intereses sociales como de su participación en áreas que restrinjan la libertad ciudadana. La actividad estatal se encuentra limitada por las cláusulas mismas del pacto que lo instituye como poder social, por lo que el poder político nace limitado y se sostiene sólo si respeta la norma superior que lo instituyó. Vemos aquí las bases del constitucionalismo.

El contexto de desarrollo de estas ideas según las corrientes críticas que analizaremos a continuación, es el nacimiento y consolidación del sistema capitalista, el que se caracteriza por la propiedad privada de los medios de producción como condición para la acumulación de capital, a través de la mercantilización tanto de los productos como de la fuerza de trabajo necesaria para producirlos. Se necesitaban hombres sin ataduras legales para que puedan vender “libremente” su tiempo de trabajo a los poseedores de los medios de producción. De allí el énfasis en la “libertad” del individuo resguardada por la “igualdad” ante la ley (no ante la propiedad).

¿Cómo se tradujeron estas perspectivas en estrategias político educativas? Los liberales se apoyaron en gran medida en la fecunda obra de Emile Durkheim, especialmente en dos de sus principales preocupaciones: a) cuáles son los mecanismos por medio de los cuales se mantiene la cohesión social en sociedades en las que disminuye fuertemente la solidaridad mecánica y b) cómo se legitima una jerarquización social que responda a una división del trabajo social cada vez más compleja producida por el avance tecnológico.

Homogeneidad y diferenciación se combinan en el papel que Durkheim concibe para el Estado en materia educativa. Estas funciones estarán presentes en el conjunto de los autores que, aun poniendo énfasis en aspectos diferentes, proponen una relación positiva entre la educación y el desarrollo social. Desde algunas vertientes se prioriza el papel del Estado en torno a la construcción del consenso y la legitimidad de las sociedades democráticas; desde otras se considera como principalmente necesario el rol estatal con el objetivo de formar a los ciudadanos para cumplir mejor con sus roles sociales. Otras visiones incorporan la necesidad de hacer más productivos a los individuos y por último están quienes señalaban como imprescindible el papel educativo del Estado para contribuir a construir sociedades más igualitarias dentro del contexto de consenso

Es la corriente estructural-funcionalista la que más ha contribuido a analizar la relación entre Estado y educación desde la perspectiva del consenso y de la adecuación de los individuos a los roles sociales emergentes. La concepción de que el Estado utiliza la educación como un mecanismo institucional orientado a adscribir las personas más capacitadas a las posiciones que suponen conocimientos y responsabilidades may superiores, sustenta un conjunto de teorías acerca de la estratificación social.

Para estas teorías el funcionamiento del sistema educativo garantiza la posibilidad de una movilidad social ascendente que caracteriza a las sociedades modernas. Algunas visiones, como la de Inkeles (1974) han tenido una particular incidencia en la realidad latinoamericana. Sus estudios acerca del papel educativo del Estado en función de la transformación de actitudes tradicionales por otras más modernas fue tomado como soporte de un conjunto de trabajos que centraron en este tipo de cambio la posibilidad de superar el subdesarrollo por parte de diversos países de la región.

Las perspectivas que se han centrado en los aspectos vinculados al papel del Estado en la educación en torno a la igualdad de oportunidades han sido denominadas como las del “empirismo metodológico”. Entre otros, Boudón (1973), han sido algunos de los principales iniciadores de estas concepciones que han incorporado una metodología sofisticada para evaluar el impacto de las políticas educativas en función de la movilidad social. Frente al optimismo meritocrático desarrollado por los análisis funcionalistas tradicionales, estas visiones significaron un importante aporte. Al señalar aspectos sociales e institucionales que obstaculizaban una verdadera igualdad de oportunidades, estas teorías promovieron reformas educativas de cierta profundidad. Entre otras estrategias, iniciaron las recientemente redescubiertas políticas compensatorias en dirección a convertir a los sistemas educativos en un factor de nivelación social.

Por último, la participación del Estado en la educación con el objetivo de aumentar la productividad de las personas surgió de la mano de las teorías del Capital Humano. Representada principalmente por T. Shultz (1986), esta perspectiva contó rápidamente con el apoyo de instituciones que, como la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), enfatizaron que el objeto principal de la educación era el desarrollo económico. La educación debía dejar de ser vista por los estados con el concepto de bien de consumo para transformarse en una inversión sustantiva para el crecimiento de los países. De acuerdo a esta teoría, las desigualdades de ingresos entre los individuos, y por lo tanto su diferente aporte a la productividad del país, se debía a los distintos niveles de capacidad productiva. Esta capacidad estaba correlacionada con los años de escolaridad de cada persona.

Habiendo surgido con la necesidad de explicar el diferente desarrollo de las naciones después de terminada la Segunda Guerra Mundial, el centro de interés de la teoría del capital humano giró en torno a justificar la inversión educativa a partir de las tasas de retorno social e individual que ella generaba.

Asimismo, a escala nacional la mayor educación de una nación conduce a un incremento económico que redunda en el aumento del PBI. Trabajos como los de Becker (1967) proporcionaron criterios para la elaboración de políticas desde el sector público. Estos criterios estaban dirigidos a garantizar una asignación más eficiente de los recursos en función de las tasas de retorno diferenciales que se esperan al invertir en cada uno de los niveles del sistema educativo. Al mismo tiempo, las políticas educativas fueron concebidas como una de las principales estrategias para la incorporación al mercado de trabajo de numerosos sectores que, en los países periféricos, se urbanizaron rápidamente. La creencia en que la desocupación de los trabajadores menos calificados obedecía al tipo oferta (con pocos años de escolaridad) y no a problemas de la demanda de mano de obra jugó un papel destacado en este sentido.

Las teorías del Capital Humano tuvieron y aún hoy mantienen una gran influencia en los países de América Latina. Siendo uno de los pilares de las concepciones desarrollistas, fueron impulsadas por organismos internacionales que, como la CEPAL, han tenido una fuerte presencia en la región. De hecho, durante la década de los ‘60 la inversión en educación se convirtió en un condicionante del acceso a un conjunto de alternativas de asistencia financiera e inversiones por parte de los países centrales.

Los supuestos de la Teoría del Capital Humano en las propuestas de actualidad
“Las inversiones en educación, adiestramiento, salud y nutrición se consideran cada vez más como partes importantes de una exitosa estrategia de desarrollo. La experiencia de las últimas cuatro décadas de desarrollo demuestra que las políticas gubernamentales apropiadas en materia de recursos humanos constituyen factores tan críticos para el desarrollo como la estabilidad y la macroeconómica

Por lo tanto, existen importantes razones para otorgar un mayor apoyo público a algunas inversiones en recursos humanos en la región, aunque muchos de los beneficios sean privados. El respaldo público también debería compensar el hecho de que los mercados de capital no funcionan bien para las inversiones en recursos humanos.

Vale la pena reiterarlo: el respaldo público no debería dirigirse hacia recursos humanos en forma indiscriminada, sino a través de inversiones cuyos beneficios sociales excedan los beneficios privados.” (BID), la educación es principalmente un “factor de desarrollo económico al poner en estrecha conexión el análisis de las necesidades educativas con las urgencias de un previsible cuadro ocupacional dentro de determinados horizontes de desarrollo”.

Distintos factores han confluido para que las perspectivas que enfatizaban la relación positiva entre Estado, educación y crecimiento entraran en crisis. Algunos de estos factores tuvieron que ver con las dificultades que afrontaron estas teorías en los países centrales cuando un conjunto de los objetivos propuestos para los sistemas educativos fueron cubiertos (integración, ciudadanía, universalización de la escolaridad, crecimiento económico, modernización, etc.). En estos países surgió otro tipo de teorías que analizaremos seguidamente y que criticaron fuertemente las concepciones igualitaristas de la educación a partir de enfatizar su capacidad de reproducir las desigualdades.

Junto a estos factores, desde la región también se comenzó a cuestionar los supuestos teóricos que sustentaban estas visiones. El elemento desencadenante fue, sin lugar a dudas, la crisis económica. La crítica situación socio-económica y política de Latinoamérica mostró facetas que contradecían los supuestos teóricos de las concepciones optimistas de la educación:

A pesar de haber crecido sustantivamente los sistemas educativos, subsistían en la región fuertes desigualdades económico-sociales.

La rigidización de los sistemas de estratificación social y la falta de alternativas ocupacionales para sectores de la población con alto nivel de escolaridad cuestionaron el papel de la educación en torno de la movilidad social ascendente.

Los cruentos enfrentamientos políticos internos que se sucedieron en un conjunto de países pusieron en tela de juicio el rol homogeneizador de la escuela en torno transmisión de valores nacionales comunes.

La existencia de gobiernos de corte autoritario condicionó la capacidad de las instituciones educativas en torno a la formación ciudadana.

Finalmente, las diferentes tendencias que adoptaron la curva de crecimiento del sistema educativo (ascendente) y la de crecimiento económico (descendente) dejaron sin argumento a las perspectivas que afirmaban que la educación era el sustento principal del desarrollo económico ocurrido en las últimas décadas.
Los paradigmas que sostenían visiones optimistas de la relación entre el Estado y la educación, aun sin perder totalmente su vigencia en el imaginario social, dejaron de incidir fuertemente en los supuestos conceptuales que avalaron las políticas educativas de la época.
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