El legado Neoliberal no se limita a recetas aplicadas a la economía, constituye un verdadero cimbronazo que afecta a todas las expresiones culturales, y entre ellas la Educación ¿Cuál es su visión de “Calidad Educativa”? ¿Qué efectos provocaron sus políticas? ¿Qué se hace para revertir la tendencia?
Los años noventa han sido pródigos en los avances de los
proyectos educativos que, bajo la orientación técnica del Banco Mundial
–verdadero Ministerio de Colonias- avanzaron en procesos de reconfiguración de
los sistemas educativos nacionales.
No tenemos mucho espacio para explayarnos, podemos enumerar
sumariamente algunas de las definiciones de ese período:
Reconfiguración del Estado que deserta de sus
responsabilidades como garante de derechos y pasa a asumir funciones de
Evaluación en clave de “calidad educativa”, leída de modo tecnocrático.
Ampliación de atribuciones a la educación privada y
precarización de las condiciones laborales de los trabajadores en general y los
docentes en particular.
Concepción de “calidad educativa” como sinónimo de exámenes
estandarizados de contenidos elaborados por expertos, traducidos a manuales por
las empresas editoriales, que se esperaba sean impartidos por los docentes a
los alumnos, para ser finalmente medidos por el Ministerio de Educación, que se
dedicaba a promocionar los buenos rendimientos, estimulando por todos los medios
posibles una pedagogía basada en la repetición, en la competencia y en la
estigmatización.
Explotación del trabajo docente (no solo por los recortes
salariales, sino por la intensificación, precarización, deterioro de las
condiciones concretas de trabajo), y creciente enajenación (al convertir al
docente en un mero aplicador del paquete pedagógico elaborado por la capa de
tecno- expertos).
En el caso argentino, estos dispositivos de regulación y
control, competencia, desfinanciamiento progresivo, apuntalaron un proceso de
desguace del sistema educativo nacional, que ya venía sufriendo una
fragmentación sostenida por las sucesivas medidas de descentralización
educativa, concebidas a partir del golpe de 1955, y aplicadas sucesivamente en
1961, 1968, 1978, 1979 y 1991.
En suma, las políticas educativas desplegadas desde la
última dictadura militar y profundizadas en los años noventa tuvieron un sesgo
mercantilista, autoritario y tecnocrático.
Los efectos de este proyecto político educativo son de una
gravedad inusitada: ha desarmado al Estado como instrumento para la igualdad
pedagógica, ha difundido un sentido común que propicia el (pre)juicio de que
toda educación privada es mejor que la pública y, en una victoria cultural aún
más radical, ha logrado difundir como sentido común y lenguaje oficial,
oficioso y verdadero, que toda la educación es pública, apenas diferenciada por
la “gestión”.
Ha generado, además, una dinámica de exclusión que
profundizó la desigualdad educativa, induciendo un sistema escolar fragmentado
que, en los años noventa, reprodujo accesos diferenciales a propuestas
educativas de gran desigualdad. La fragmentación en el acceso y en los tipos de
educación impartida en la red institucional no ha sido sino la consagración de
un modelo educativo incompatible con un proyecto democrático.
En los años esperanzadores que abrió el siglo XXI, los
nuevos gobiernos han venido haciendo enormes esfuerzos para revertir el legado
político-educativo y pedagógico que profundizó la injusticia educativa.
En el caso argentino, el Estado nacional dio pasos
significativos en políticas públicas reparadoras en todos los planos. En
educación -y como consecuencia de las políticas sociales- se ha mejorado
sustancialmente el acceso a las instituciones escolares. La Asignación Universal
por Hijo, la distribución de netbooks, pero además, un modelo de desarrollo
orientado por principios de reconocimiento y efectivización de derechos, fueron
la base de un piso más alto en la búsqueda de la democratización de la educación.
Queda, desde luego, mucho por hacer. Repasemos el escenario.
En primer lugar, durante más de medio siglo se propició el desguace del sistema
educativo, y bajo la coartada de la descentralización educativa lo que ocurrió
-especialmente en el último cuarto del siglo XX- fue la multiplicación de la
desigualdad entre las diversas jurisdicciones provinciales. Esta dispersión
está intentando saldarse con las atribuciones que le da la Ley de Educación
Nacional al Consejo Federal de Educación. Sin embargo, un repaso por las leyes
provinciales -por caso, la legalización de la educación religiosa en Salta-, o
la adecuación de la
Nueva Escuela Secundaria y la particular lectura que hace de
esta política la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, revela que es largo el trecho
para lograr un efectivo gobierno nacional de la educación.
La oposición a las pruebas Pisa -exámenes estandarizados de
OCDE- supone que no se acuerda con el concepto de “calidad educativa” descripto
arriba. Sin embargo, la tarea pendiente es la construcción de un proyecto
pedagógico alternativo. Este proyecto debe ser tributario del proyecto
latinoamericanista y de las orientaciones nacionales, populares y democráticas
que eligieron las mayorías sociales en Argentina. Claro, esta construcción no
depende del Ministerio Nacional, a pesar de que debe jugar un papel
protagónico. En este tiempo en que todo está en debate, el lanzamiento del
Movimiento Pedagógico Latinoamericano interpela a los colectivos docentes y
estudiantiles, a los Estados, a las organizaciones sociales y políticas, a los
colectivos culturales. La Educación Emancipadora será una creación colectiva,
una invención que reclama de los esfuerzos de todos los actores de la comunidad
educativa y las comunidades territoriales.
No será, claro, obra exclusiva de especialistas, de
funcionarios ministeriales, de docentes y sus organizaciones gremiales, de
estudiantes y sus movimientos, de organizaciones populares. Será una
construcción común de todos estos ámbitos, la que facilitará -en el marco de Nuestra
América- la emergencia de una Pedagogía Emancipadora que acompañe el proceso
político y social, cultural e histórico, institucional, organizativo y
comunicacional que estamos atravesando millones de latinoamericanos y
caribeños.
Autor
Pablo Imen
Investigador y docente de la Universidad de Buenos Aires
(UBA) y del Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini”. Disertante en
el Encuentro Córdoba “Hacia un Movimiento Pedagógico Latinoamericano”.
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