Existen visiones
opuestas de lo que es la educación y el conocimiento. Es un bien más de
mercado, como promueve el Gobierno, o un bien público y un derecho personal y
social, garantizados por el Estado.
Todo puede ser comprado y vendido si le ponemos precio. Una plaza, por
ejemplo, es un espacio público. Allí se reúnen las y los vecinos del barrio
para juntarse a charlar, enseñar a andar en bicicleta a una hija, tomar unos
mates, hacer gimnasia, leer o simplemente estar. Una plaza es un lugar público
en el que el Estado garantiza, a través de su cuidado y mantenimiento, nuestro
derecho al esparcimiento, a la salud, a la libertad, al encuentro con el otro.
Si bien naturalizamos esta situación y no la visualizamos ni la
vivenciamos a diario como un derecho conquistado, en determinado contexto, a
través de ciertos discursos (y las representaciones sociales que ellos
construyen) y fundamentalmente con consecuentes políticas públicas, el espacio
público “la plaza” podría sencillamente dejar de serlo. Para ello bastaría que
el Estado no invierta en ella, los juegos se deterioren, el pasto crezca, se
ensucie, la luminaria no funcione, se acreciente la inseguridad. Poco a poco,
los vecinos dejarían de concurrir, y se replegarían en sus hogares privados o
el algún otro espacio que les brinde, por un precio módico, lo que antes les
daba la plaza en forma gratuita. También podría suceder que el Estado proponga
que los vecinos que quieren usar la plaza paguen un “precio bajo” por dicho
uso. En este caso bastaría con ponerle rejas y un molinete. En muchas plazas
las rejas ya son una realidad. ¿Qué vecino no estaría dispuesto a pagar unos
pocos pesos por un rato de plaza limpia, segura y e iluminada? Horas de
programas de televisión, debates acalorados, páginas de diarios, eternas
reuniones vecinales se llevarían a cabo discutiendo cuál es el precio de una
buena plaza y quién debe pagarlo. ¿Por qué pagar por lo que no uso? ¿Por qué
los que la usan no pagan?
Cualquier semejanza con los discursos actuales sobre el financiamiento
del sistema sanitario público no es pura coincidencia. Todo puede
mercantilizarse, todo puede volverse precio, todos podemos dejar de ciudadanos para
ser sólo consumidores si dejamos que así suceda.
El neoliberalismo propone su utopía de mercantilizar todo y lo traduce
en proyectos políticos acordes a tal fin. Bajo un discurso de competencia y
meritocracia (que sólo sufren las clases populares) se esconde el mundillo de
los privilegios, las herencias, los círculos rojos, las posiciones dominantes y
las empresas offshore, de las elites.
En el discurso ante la Asamblea Legislativa del Congreso Mauricio Macri
afirmó si pruritos que: “La calidad en la educación es un compromiso que
tenemos que asumir juntos, familias, docentes y toda la comunidad educativa.
Los padres no podemos desentendernos, no podemos dejar a los maestros solos en
esto. Todos tenemos que ser parte de este proceso de mejora. Y para poder
involucrarnos, tenemos que poder saber cómo le está yendo a la escuela donde
van nuestros hijos. Hoy, está prohibido por ley que se publiquen los resultados
de las evaluaciones por escuela y eso no tiene sentido. Les pido que este año
legislativo avancemos para cambiar esta norma”.
Sin mencionarla, cuando el presidente dice “esta norma” se refiere a la
Ley 26.206 de Educación Nacional sancionada en 2006. Dicha norma reemplazó a
Ley Federal de Educación (1993), sancionada durante el gobierno neoliberal
menemista y que, junto a la Ley de Transferencias de los servicios educativos
(1992) y la Ley de Educación Superior (1995) estructuraron el paquete de
reformas educativas pro mercado recomendadas por el Banco Mundial a cuya
implementación condicionaba los créditos a un gobierno que, como el actual, se
propone vivir, mientras pueda, de la especulación, la deuda y la timba
financiera.
El artículo en cuestión, que le “molesta” al presidente, es el número 97
de la Ley de Educación Nacional que determina que “la política de difusión de
la información sobre los resultados de las evaluaciones resguardará la
identidad de los/as alumnos/as, docentes e instituciones educativas, a fin de
evitar cualquier forma de estigmatización, en el marco de la legislación vigente
en la materia”.
Dicho artículo, como tantos otros de la mencionada Ley, intenta evitar
situaciones como la presente, en la que un gobierno neoliberal busca utilizar
los resultados del operativo nacional de evaluación (a pesar de haberlo negado
cuando los sindicatos docentes lo advirtieron al momento de implementación del
operativo aprender 2016), para generar competencia entre las escuelas públicas,
hacerles perder su matrícula, justificar el cierre de secciones y bajar el
presupuesto educativo. La publicación de un “ranking” de escuelas (en los
noventa el ranking se confeccionó y llegó a las escuelas pero no a las
familias) en función de los resultados del operativo nacional de evaluación,
reduce la calidad educativa al rendimiento académico y este al resultado
obtenido en una evaluación estandarizada, desconoce el contexto institucional y
de las familias, desresponsabilizada al Estado y culpabiliza a las escuelas y,
en especial, a los docentes, responsables, según el Banco Mundial (2015), de la
“baja calidad educativa” en la región.
No sería extraño, como se ha propuesto en otros países, que la idea
final sea la de financiar la demanda (por ejemplo a través de vouchers que se
entreguen a las familias carenciadas para que estas los utilicen como pago de
cualquier escuela (pública o privada)) disminuyendo la inversión en educación,
es decir, dejando de financiar la oferta. Dicho de otro modo, el paulatino
reemplazo de políticas públicas universales por políticas focalizadas. La
reforma previsional, el fin de la moratoria y su reemplazo por una pensión a la
vejez, son un claro ejemplo reciente.
En definitiva, lo que está en juego son visiones opuestas de lo que es
la educación y el conocimiento. O es un bien más de mercado y como toda
mercancía cuánto más escasa mejor para quienes la poseen, o la educación y el
conocimiento son, como establece la Ley Nacional de Educación, un bien público
y un derecho personal y social, garantizados por el Estado.
Como mencionaba Bordieu, el proyecto neoliberal se propone crear las
condiciones bajo las cuales la “teoría” puede realizarse y funcionar: un
programa de destrucción metódica de los colectivos. Las paritarias a la baja,
el ataque sistemático al sindicalismo, el cierre de escuelas, la
culpabilización del docente, los incentivos para quienes no falten y los
premios para quienes no hagan huelga, son la versión vernácula de esa
destrucción metódica de los colectivos de la que nos hablaba el sociólogo
francés a fines de la década del noventa. Pero los colectivos resisten.
Por Carlos Andujar
* Docente UNLZ FCS. ISFD Nº41 Integrante del Colectivo Educativo Manuel
Ugarte (CEMU).
Fuente
https://www.pagina12.com.ar/102189-mercantilizar-la-escuela
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