sábado, 14 de abril de 2018

Lucrar es de mala educación


Fueron años de movilizaciones, años de gastar zapatillas, creatividad y voz; años de estudiantes y sus familias juntos en las calles pidiendo algo tan simple como contundente: que la educación sea un derecho y no un negocio. Por eso, y no sin dificultades, haber logrado en las dos cámaras del Congreso que el lucro retrocediera considerablemente, fue una victoria de quienes, tanto dentro como fuera del Congreso, creen en la justicia social.

Hoy, la resolución del Tribunal Constitucional desconoció la voluntad de esa mayoría. Esta sentencia, evidentemente promovida por los intereses comerciales de las universidades privadas, es de difícil comprensión, pues encierra en un sinsentido lo que pretende ser una política pública. Por otro lado (o quizás por el mismo), el gobierno del Presidente Piñera ha intentado advertir que el resto de la normativa prohíbe el lucro en la educación, así que lo nuestro no es más que pateleo. Lo cierto es que esta nueva e ilegítima cancha permite que los controladores de una universidad, sean organizaciones con fines de lucro. Por lo mismo, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, alertaba muy claramente sobre “una cosa que no se entiende”, esto es, las contradicciones que permiten que la universidad sea vista desde la lógica de “una inversión”. Incluso, dio un ejemplo que no podría ser más gráfico: “aquí está prohibido escribir con la mano izquierda, pero se permite contratar zurdos”.
Parece curioso -y no menos triste- que a estas alturas del partido tengamos que insistir en sincerar la discusión ¿Queremos que el lucro esté presente en la educación o no? Yo, como millones de estudiantes, digo sin dobleces: No. Pero el gobierno, sus representantes en el TC y los representantes de universidades privadas que no tienen problemas en militar en el PPD o en la UDI, todo indica que insisten en un Sí al que el Congreso y sus definiciones parecen importarles un bledo.
Sin duda que estamos en una de las famosas trampas del laberinto constitucional que impera en Chile. Con todo, quisiera alertar al Presidente Piñera que la ilegitimidad del Tribunal Constitucional llegó a un nivel intolerable: ¿el Gobierno se quedará de brazos cruzados ante una explícita violación de la voluntad democrática? El Gobierno, que aún insiste en una voluntad de “acuerdo nacional” a estas alturas agónico, debería tomar nota que este tipo de acciones hace que el debate público parezca un juego de pantomima, caldo de cultivo para la desafección y el malestar social. Total, siempre habrá una tercera cámara que determinará los designios del futuro de Chile.
Por cierto que la encrucijada en la que se encuentra Chile desdibuja el sentido de hacer política, en particular para mi generación que se propuso luchar por un país más justo. Pero no caigamos en el desaliento, no podemos permitirnos eso. A la falta de política,  todas las herramientas legislativas y fiscalizadoras del Congreso. A las decisiones de “la cocina”, compromiso con el movimiento social. No dejemos que el 2018 sea otro de esos tristes años en que la democracia y la ciudadanía son derrotados por los fácticos de siempre.
Somos responsables de la esperanza de muchos y muchas, de aquellas familias sencillas que soñaron ver a sus hijos formarse en una educación libre de negociados, libre de lucro.  Lo que ha dictaminado el TC es una falta de respeto a la democracia, una falta de respeto a las familias chilenas, como me decían el otro día en una feria en Huechuraba, una falta de educación monumental, un ninguneo a lo que el pueblo demandó en las calles, a lo que el Congreso resolvió en el hemiciclo. Tendrá entonces que volver a escucharse en las calles y con más fuerza en el Congreso: la educación chilena no se vende, se defiende.



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Por

Maite Orsini


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