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Esto nos remite a redefinir el concepto de ciudadanía. Como
subraya Gadotti, ciudadanía es esencialmente conciencia de derechos y deberes
(civiles, sociales y políticos) y ejercicio de la democracia. Sin
embargo, los ciudadanos siempre hemos sido relegados de la acción
gubernamental, tanto en el Estado centralista, paternalista, regulador y de
Bienestar como en el actual modelo descentralizado.
Frente al concepto tradicional de la ciudadanía como una
participación condicionada, ajena a las instancias de poder y por lo tanto
despojada de ejercer decisiones que la afectan individual y colectivamente, se
yergue un concepto de ciudadanía que implica el empoderamiento del individuo
sobre su espacio, su tiempo, su historia y su cultura. El individuo se
convierte en un sujeto histórico, activo y protagónico capaz de transformar su
realidad personal y su entorno social.
Esta concepción, que hemos denominado ciudadanía
protagónica, supone un ciudadano con conocimiento de sus derechos y responsabilidades,
orientado al ejercicio solidario del poder, poseedor de un nuevo sistema de
valores que fortalezca los principios éticos, la solidaridad y sensibilidad
frente a la problemática social. Se refiere a ciudadanos y ciudadanas
cuestionadores, críticos y propositivos frente al Estado y la sociedad, y por
tanto capacitados para demandar del Estado sus derechos y a la vez pedir
rendición de cuentas de las acciones gubernamentales. Más aún, consideramos que
el ciudadano protagónico es aquel capaz de organizar y estructurar su propio
poder individual y colectivo y orientarlo hacia la construcción de un tejido
social que supere la descomposición actual. Ciudadanos soberanos, capaces de
tomar decisiones independientemente del Estado y de los poderes económicos.
Este paradigma de ciudadanía protagónica se corresponde con el desarrollo de
sujetos sociales que normen sus acciones a partir de una relación solidaria y
respetuosa con su espacio y su diversidad, con su tiempo y su cultura.
La ciudadanía es una institución histórica y, en
consecuencia, las maneras de percibirla, de entenderla, de practicarla, de
legislarla han variado conforme lo han hecho las sociedades a través del
tiempo. Por otro lado, es indispensable resaltar que la ampliación de la
cobertura de los derechos ciudadanos es producto de los movimientos sociales y
políticos y de la lucha de los pueblos por su soberanía, y no dádiva del
legislador. En efecto, la historia de nuestros pueblos es una larga y sostenida
historia de resistencias y luchas por la conquista y defensa de nuevos
derechos, que ha llevado a la ampliación de la ciudadanía en sentido incluyente
y a la incorporación de nuevos derechos económicos y sociales, hasta los
ambientales, generacionales, sexuales y colectivos. En última instancia, se
trata de la transformación de las relaciones entre el Estado y la sociedad.
Uno de los efectos de la globalización en el campo de lo
político es la crisis de los estados-nación, el debilitamiento de su soberanía
y la porosidad de sus fronteras. Desde la década del setenta prolifera en el
sistema capitalista toda una institucionalidad supranacional con pretensión de
gobierno mundial al servicio de las transnacionales y las potencias
hegemónicas. Frente a esa globalización perversa, crecientemente se habla de
una ciudadanía mundial capaz de defender los derechos individuales y colectivos
de los pueblos. Dos desafíos surgen para la construcción de ciudadanías: por un
lado, reforzar las identidades y las soberanías nacionales; y, por otro,
avanzar en la globalización de las solidaridades y las resistencias, y en la
construcción de una integración latinoamericana desde los pueblos.
A diferencia de la ciudadanía en su concepción liberal, la
visión solidaria no es opuesta al afianzamiento de la organización social. Por
el contrario, un requisito para la construcción de tal ciudadanía es la
consolidación de las organizaciones populares locales, a fin de que se
conviertan en espacios de toma de decisiones y generadores de opinión.
Especialmente propicios para ello son los nuevos movimientos
sociales contemporáneos que, como destaca María da Gloria Goñi, muestran
características nuevas, entre las que se encuentran: la defensa de las culturas
locales como proceso vinculado a la construcción de un nuevo patrón civilizatorio;
la ética en la política, como un elemento del control social sobre la actuación
de todos, especialmente de los gobiernos; la superación de la clásica
diferencia entre el individuo y lo social mediante reconocimiento de lo
personal y de la subjetividad de los actores; y la autonomía de los movimientos
sociales en el sentido de la formulación conjunta y creativa de un proyecto
político propio y flexible en el que se universalizan las demandas
particulares.
Los procesos de formación para la construcción de ciudadanía
adquieren así una perspectiva transformadora, en la medida en que se
constituyen en lo que Gadotti llama espacios de vida, abiertos a la diversidad,
respetuosos y valorizadores de las diferencias, constructores de una nueva
forma de ver y ser en el mundo.
La gestión de la vida pública, y por ende la planificación
para el desarrollo local, requiere de los protagonistas de ese proceso una
visión clara del espacio social, económico, político y cultural en el que se
desenvuelve y una definición de hacia dónde dirigir los esfuerzos colectivos.
De ahí la necesidad de la educación para el desarrollo local.
Autora
María de Lourdes Larrea
Investigadora social. Directora de Corporación Mashi.
Docente universitaria en programas de posgrado en temas de desarrollo local,
ciudadanía, planificación territorial y metodologías de investigación social.
En
Paulo Freire, Contribuciones para la pedagogía
Moacir Gadotti, Margarita Victoria Gomez, Jason Mafra,
Anderson Fernandes de Alencar [compiladores]
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