Fueron años de
movilizaciones, años de gastar zapatillas, creatividad y voz; años de
estudiantes y sus familias juntos en las calles pidiendo algo tan simple como
contundente: que la educación sea un derecho y no un negocio. Por eso, y no sin
dificultades, haber logrado en las dos cámaras del Congreso que el lucro
retrocediera considerablemente, fue una victoria de quienes, tanto dentro como
fuera del Congreso, creen en la justicia social.
Hoy, la resolución
del Tribunal Constitucional desconoció la voluntad de esa mayoría. Esta
sentencia, evidentemente promovida por los intereses comerciales de las
universidades privadas, es de difícil comprensión, pues encierra en un
sinsentido lo que pretende ser una política pública. Por otro lado (o quizás
por el mismo), el gobierno del Presidente Piñera ha intentado advertir que el
resto de la normativa prohíbe el lucro en la educación, así que lo nuestro no
es más que pateleo. Lo cierto es que esta nueva e ilegítima cancha permite que
los controladores de una universidad, sean organizaciones con fines de lucro.
Por lo mismo, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, alertaba muy
claramente sobre “una cosa que no se entiende”, esto es, las contradicciones
que permiten que la universidad sea vista desde la lógica de “una inversión”.
Incluso, dio un ejemplo que no podría ser más gráfico: “aquí está prohibido
escribir con la mano izquierda, pero se permite contratar zurdos”.
Parece curioso -y
no menos triste- que a estas alturas del partido tengamos que insistir en
sincerar la discusión ¿Queremos que el lucro esté presente en la educación o
no? Yo, como millones de estudiantes, digo sin dobleces: No. Pero el gobierno,
sus representantes en el TC y los representantes de universidades privadas que
no tienen problemas en militar en el PPD o en la UDI, todo indica que insisten
en un Sí al que el Congreso y sus definiciones parecen importarles un bledo.
Sin duda que
estamos en una de las famosas trampas del laberinto constitucional que impera
en Chile. Con todo, quisiera alertar al Presidente Piñera que la ilegitimidad
del Tribunal Constitucional llegó a un nivel intolerable: ¿el Gobierno se
quedará de brazos cruzados ante una explícita violación de la voluntad
democrática? El Gobierno, que aún insiste en una voluntad de “acuerdo nacional”
a estas alturas agónico, debería tomar nota que este tipo de acciones hace que
el debate público parezca un juego de pantomima, caldo de cultivo para la
desafección y el malestar social. Total, siempre habrá una tercera cámara que
determinará los designios del futuro de Chile.
Por cierto que la
encrucijada en la que se encuentra Chile desdibuja el sentido de hacer política,
en particular para mi generación que se propuso luchar por un país más justo.
Pero no caigamos en el desaliento, no podemos permitirnos eso. A la falta de
política, todas las herramientas legislativas y fiscalizadoras del
Congreso. A las decisiones de “la cocina”, compromiso con el movimiento social.
No dejemos que el 2018 sea otro de esos tristes años en que la democracia y la
ciudadanía son derrotados por los fácticos de siempre.
Somos responsables
de la esperanza de muchos y muchas, de aquellas familias sencillas que soñaron
ver a sus hijos formarse en una educación libre de negociados, libre de lucro.
Lo que ha dictaminado el TC es una falta de respeto a la democracia, una
falta de respeto a las familias chilenas, como me decían el otro día en una feria
en Huechuraba, una falta de educación monumental, un ninguneo a lo que el
pueblo demandó en las calles, a lo que el Congreso resolvió en el hemiciclo.
Tendrá entonces que volver a escucharse en las calles y con más fuerza en el
Congreso: la educación chilena no se vende, se defiende.
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