En estos años de neoliberalismo
primó la lógica de la eficiencia por sobre la lógica de la justicia y la
ética. Es tiempo de pasar de la resistencia a la reconstrucción en el área
educativa.
El
neoliberalismo como proyecto político, es un
proyecto totalizador, es decir que tuvo (y tiene, ahora desde la oposición)
pretensiones hegemónicas. Dicho de otro modo, unidas a las reformas
económicas implica siempre transformaciones culturales.
Como menciona el recordado
filósofo y periodista italiano Antonio Gramsci: “La supremacía de
un grupo social se manifiesta de dos modos, como dominación y como dirección
intelectual y moral. Un grupo social es dominante de los grupos adversarios,
que tiende a liquidar o a someter hasta con la fuerza armada, y es dirigente de
los grupos afines y aliados. Un grupo social puede, y también debe ser
dirigente ya antes de conquistar el poder gubernamental. Es esta una de las
condiciones principales para la propia conquista del poder. Después, cuando
ejerce el poder y también lo mantiene firmemente en sus manos se convierte en
dominante, pero debe continuar siendo también dirigente”.
El neoliberalismo antes de llegar
al poder en el 2015, alimentándose de “sentidos comunes” preexistentes, supo
“dirigir moral e intelectualmente”, medios de comunicación mediante, a cierto
sector social alcanzándole para democráticamente acceder a conquistar el poder
estatal. Una vez allí, incorporó en su intento de construir supremacía, el
control de las diversas instancias gubernamentales. El sistema
educativo, perla preciada del aparato cultural estatal, aún con sostenidas
resistencias que volcaron a miles y miles de trabajadores y trabajadoras de la
educación a las calles, no escapó a tal devenir.
La escuela
puede mercantilizarse de distintos modos, pero sin
duda el más conocido y visible es el deterioro provocado por los
recortes presupuestarios que, bajo la bandera de la disciplina fiscal,
esconde verdaderas políticas de trasferencias regresivas del ingreso.
Según el informe del Programa de
educación del CIPPEC (Documento de trabajo Nº 178 de febrero de 2019), la meta
estipulada por la Ley de Educación Nacional (2006) de invertir
el 6 por ciento del PIB en educación se llegó a cumplir en el 2015 pero no se
sostuvo después de esa fecha. El gasto educativo consolidado fue del 5,80 y
5,65 por ciento del PIB en 2016 y 2017, respectivamente.
En términos
absolutos, entre 2015 y 2016 la reducción fue de 65.000 millones de pesos
constantes del año 2018 entre ambos niveles de gobierno (bajó un 7 por ciento a nivel
nacional (15.617 millones de pesos, a valores de 2018) y un 8 por ciento a
nivel provincial ($49.384 millones)).
En la misma línea el Colectivo de
Observatorios y equipos de investigación en educación estipularon que, en caso
de haberse aprobado el Proyecto de ley de Presupuesto elevado por el macrismo
en septiembre de 2019, la función Educación que en el 2016 representaba 7,8 por
ciento del presupuesto del Estado Nacional se hubiese reducido al 5,1 por
ciento en el 2020, una disminución, en términos reales, del 34 por
ciento.
En comparación con el pago de la
deuda, el informe concluye que para el 2016, Argentina había presupuestado
aproximadamente la misma cantidad de fondos para el pago de deuda que para
educación, pero que para el 2020 los fondos para deuda están en una relación de
4 a 1 con respecto a aquellos destinados a educación.
A nivel
Nacional el ajuste se realizó en el desfinanciamiento o la directa eliminación
de Programas, como el de Formación
Docente “Nuestra Escuela”, el plan “Conectar Igualdad” o las “Becas Progresar”
y la unilateral e ilegal eliminación de la Paritaria Nacional Docente que,
gracias a un fondo de compensación salarial aportado por la Nación, había
logrado reducir sustantivamente las desigualdades salariales docentes en todo
el país.
A nivel
provincial el ajuste se produjo principalmente a través de la caída estrepitosa
del salario real docente, componente
que representa más del 90 por ciento del presupuesto educativo en la provincia
de Buenos Aires, por ejemplo.
Un segundo
modo de mercantilización fue el ataque sistemático a quienes pueden (y en efecto lo
han hecho) resistir la avanzada neoliberal: las y los trabajadores de
la educación y sus sindicatos.
La demonización de los sindicatos
y las y los sindicalistas, y el desprecio por la tarea docente (unido al
deterioro salarial, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se amenazó
con convocar “voluntarios” para reemplazar a quienes ejercían el derecho
constitucional a la huelga) lejos de ser medidas aisladas fueron
reflejo de las “recomendaciones” del Banco Mundial que en sus
documentos oficiales (Profesores Excelentes (2015)) responsabilizan de la “baja
calidad educativa” a las y los docentes.
Estos, menciona explícitamente el
documento, dado que gozan de estabilidad laboral dan clases con poca
eficacia y tienen altos niveles de ausentismo. La solución que da el Banco
Mundial cae por su propio peso: “flexibilización” laboral y rendición de
cuentas. En efecto, la partida de Evaluación del presupuesto del Ministerio de
Educación es una de las pocas que se ha incrementado desde el 2015, y que, en
el marco del desfinanciamiento del resto de los programas, convirtió y redujo a
la evaluación a un mero mecanismo de control, disciplinamiento y sanción.
El tercer modo y menos conocido
de mercantilización es el peso que diversas ONG y fundaciones
educativas han tenido en la definición de políticas públicas actuando
como representantes de las elites económicas, destacándose estrechos lazos
entre funcionarios, empresarios y directivos de las Fundaciones/ONGs
educativas. Como señala Ana Castellani, en el informe Nº6 del Observatorio de
las Elites (Citra. Umet. Conicet), de febrero 2019, tres son los principales
motivos de tal desembarco.
En primer lugar, la necesidad
de moldear la formación de “los recursos humanos del futuro” en
función de las demandas del sector productivo, desarrollando una oferta
educativa que esté acorde a las nuevas necesidades de capacitación de la mano
de obra destinada a satisfacer las demandas propias del mercado laboral.
En segundo lugar, la posibilidad
de ampliar y acceder fácilmente a un mercado que ofrece rentables
oportunidades de negocios brindando diversos servicios educativos
donde el Estado es el principal demandante, regulador e inversor (capacitación
docente, plataformas educativas, informatización de datos, edición de
materiales, realización de evaluaciones estandarizadas).
Por último, pero central para el
direccionamiento intelectual y moral que mencionaba Gramsci, la
pretensión de difundir ideas, valores, actitudes y predisposiciones propias del
ámbito empresarial como si fueran cosmovisiones del conjunto social
que le permitan legitimar socialmente cambios en las políticas públicas que
habiliten y/o amplíen el proceso de mercantilización educativa.
Estos mecanismos de captura de la
decisión pública por parte de las elites económicas, continua el citado
informe, se traducen en un creciente proceso de mercantilización de la
educación que consiste básicamente en:
1. El avance de las empresas en la
definición e implementación de las políticas educativas.
2. La promoción de los valores, principios
y criterios organizacionales propios del mercado en el campo educativo.
3. La prestación de servicios educativos
diversos.
Particularmente la difusión de
ideas y valores llegó a la escuela, muchas de las veces de la mano de las ONG y
fundaciones, inundando las capacitaciones y las prácticas docentes de
cosmovisiones provenientes del mercado (técnicas de auto ayuda, clima
escolar, gestión institucional); de la aplicación acrítica de las neurociencias
y la “inteligencia emocional”; del desarrollo de capacidades y habilidades
genéricas “universalmente válidas” en desmedro de saberes que, situados
histórica y políticamente, sean productores de inclusión social y, de la
cultura (y la enseñanza de las técnicas) del emprendedurismo, legitimación y
explicación última de todo conflicto social de la mano de la impronta
meritocrática neoliberal.
En estos
años de neoliberalismo primó la lógica de la eficiencia por sobre la lógica de
la justicia y la ética. Se
empobreció a la población, se desfinanció a la educación, se “evaluó” y se
culpabilizó a las y los docentes por la “baja calidad”.
En muchos casos se resistió con
inteligencia en el marco de las relaciones de fuerzas existentes. Es
tiempo de pasar de la resistencia a la reconstrucción. De la sustracción de
derechos a su restitución. De ofrecer un modo distinto al que ha propuesto
históricamente el neoliberalismo de responder a la interpelación del Otro
sufriente. Desmercantilizar la escuela, es la tarea.
Por Carlos
Andujar
* Docente UNLZ FCS. ISFD Nº41
(CEMU).
No hay comentarios:
Publicar un comentario