En lo que va del siglo XXI, investigadores, decisores, tecnólogos, gobiernos nacionales, estábamos entusiasmados con los avances de la Sociedad del Conocimiento en los países de América Latina y el Caribe. El panorama era promisorio: en 2019, la región ocupaban el cuarto lugar en cuanto a usuarios de Internet, detrás de Asia, Europa y África.
En junio de ese
año, había casi 454 millones de usuarios de Internet en la región. América del
Sur fue la subregión que tuvo la mayor tasa de penetración de Internet: el 73 por ciento de la población.
Es verdad que estos
usuarios se distribuyen de manera desigual en términos socioeconómicos,
culturales y geográficos y que, para la mayoría de la población, los usos de
Internet se limitan a comunicación y uso de redes sociales.
Sin embargo, la
mayoría de los gobiernos esperaban que, una vez implementadas las
infraestructuras de telecomunicaciones, los buenos usos en gobierno
electrónico, teleeducación, teletrabajo y telesalud, entre otros, vendrían por
añadidura.
La pandemia de la
enfermedad por coronavirus (covid-19) fue una llamada de despertador sobre las
zonas opacas de la sociedad del conocimiento.
No porque no
existieran excelentes estudios ni investigaciones estadísticas, sino porque en
numerosas ocasiones estos eran pasados por alto por las políticas públicas.
Hasta que la pandemia estrechó las relaciones entre personas y tecnologías y
hasta que la dependencia de Internet se tornó vital en el día a día, no
habíamos tomado conciencia total de las brechas y deudas presentes en nuestras
supuestas sociedades del conocimiento.
Hacia mediados del
año 2020, el continente americano se había convertido en el epicentro de la
pandemia. Más que nunca, se necesitan soluciones tecnológicas para resolver la
cotidianidad de las personas y grupos sociales.
Las zonas oscuras
Como plantea la
CEPAL, el desarrollo y la utilización de soluciones tecnológicas
están determinados por factores basilares de la región: una estructura
productiva compleja y heterogénea; un mercado laboral marcado por una alta
informalidad y precariedad; una clase media frágil, en caída económica; un
Estado de bienestar debilitado; una infraestructura digital deficiente; y
restricciones socioeconómicas y culturales a la conectividad.
En 2019, casi
67 por ciento de los habitantes de la región poseía conexión a Internet. El otro
33 por ciento tiene un acceso limitado o directamente carece de él a causa de
su condición socioeconómica, su edad y localización.
En países como
Brasil y Chile, más del 60 por ciento de los hogares del primer quintil tiene
conexión a Internet, mientras en Bolivia, Paraguay y Perú, solo la tiene tres
por ciento.
También son
importantes las diferencias entre las zonas urbanas y las rurales.
El 67 por ciento de
los hogares urbanos está conectado a Internet, en contraste con 23 por ciento
de las zonas rurales. Los muy jóvenes (de 5 a 12 años) y los adultos mayores de
65 años son los que tienen menor conectividad. Esta situación es seria, dado
que la región envejece aceleradamente.
En 2019, 11 por
ciento de la población de la región tenía más de 60 años; en 2030 constituirá
17 por ciento y en 2050, 25 por ciento de los habitantes en la región será mayor de 60
años.
Las bajas
velocidades de conexión endurecen las situaciones de exclusión, ya que impiden
el uso de soluciones digitales de teletrabajo, educación, consultas médicas en
línea, entre otros servicios.
A nivel global, la
velocidad de banda ancha fija decreció 1 por ciento entre marzo y mayo del
2020, debido al uso intensivo de Internet en empresas y hogares.
Pero la región
latinoamericana ya partía de un nivel bajo. La velocidad ha disminuido a
consecuencia de la pandemia, como atestigua el caso de Perú, donde disminuyó
35 por ciento. Otros países también tienen bajas, aunque no tan rigurosas:
Argentina (-8 %) y Colombia (-5 %). México bajó
únicamente un 1 por ciento.
Las zonas claras
Las tecnologías de
la información y de la comunicación (TIC) han demostrado ser fundamentales para
el funcionamiento de la economía y la sociedad durante la pandemia.
Esta ha acelerado en
muy pocos meses los avances de la teleeducación, el comercio electrónico, el
gobierno electrónico y la telesalud, entre otras áreas. Según la Cepal los
países de América Latina han implementado medidas para promover el uso de esas
soluciones tecnológicas y vigilar la continuidad de los servicios de
telecomunicaciones.
Un ejemplo es el de
Argentina, donde el gobierno declaró el 21 de agosto de 2020 que el Internet,
la televisión por cable y la telefonía celular y fija son “servicios públicos y
esenciales” y decidió congelar sus tarifas hasta el 31 de diciembre. En el año
2010, en el mismo país, la provincia de San Luis había declarado en su
Constitución la conectividad a Internet con banda ancha y gratuita como derecho
humano.
En la mayoría de
los países latinoamericanos las diversas medidas de aislamiento implementadas
fueron un acelerador de la digitalización de las sociedades.
En educación,
escuelas y universidades se digitalizaron rápidamente. Algunos ya estaban muy
avanzados, como Uruguay. En México se desarrolló la televisión educativa
multigrado. Se implementaron portales educativos, como Aprender Digital en
Colombia y Aprendo en línea en Chile.
Han surgido
portales gubernamentales y ciudadanos que aportan soluciones para diversos
problemas acarreados por la pandemia.
En mayo, las
transacciones por comercio electrónico crecieron el seis por ciento, en comparación
con lo reportado en enero y febrero.
Las categorías de
consumo que más aumentaron fueron las de bienes digitales: juegos,
aplicaciones, libros, plataformas de contenido, servicios de streaming y
TV en línea, por cable o satelital.
Fundamentalmente,
los gobiernos y las sociedades han cobrado conciencia de la importancia de los
organismos de Ciencia y Tecnología, a causa de sus aportes positivos, tanto en
ciencias médicas, en informática, como en estudios sociales. Igualmente, estos
organismos permanecen subfinanciados.
En el presente como
en el futuro
En la pandemia y la
pospandemia, las políticas públicas referentes a las sociedades del
conocimiento necesitarán:
§ Declarar la conectividad a Internet
de banda ancha no solo un servicio público esencial, sino un derecho humano.
§ Regular los precios del sistema de
telecomunicaciones, fortaleciéndolo, ampliándolo y haciéndolo accesible para
todos.
§ Diseñar nuevas herramientas digitales
de educación, teletrabajo, comercio electrónico, telesalud y gobierno
electrónico dirigidas a un contexto de baja conectividad y al uso de
dispositivos móviles básicos.
§ Asegurar la recolección y
repositorios accesibles al público sobre información relativa a la superación
de crisis sanitarias, respuestas a desastres, desplazamientos forzosos de las
poblaciones y otras.
§ Identificar e intervenir sobre
segmentos de la población que quedan ocultos, al margen de la Sociedad del
Conocimiento, no sólo ahora, sino también en la pospandemia.
§ Implantar medidas tecnológicas y
legales para superar las amenazas que representa para la seguridad y la
privacidad la dispersión masiva de datos sensibles de los ciudadanos.
Es clave espolear
los debates sobre los nuevos contratos sociales sobre cuestiones básicas, como
la relación de las tecnologías, en especial las de la Industria 4.0, con el
medio ambiente, nuevas concepciones urbanas y territoriales, salud y educación
inclusivas, uso de datos, entre muchos otros.
También sería
deseable redefinir el concepto mismo de contrato social, acuñado por Rousseau
en 1762. ¿Cómo se puede repensarlo en los nuevos contextos del siglo XXI?
Para terminar, las
políticas y estrategias públicas esbozadas hasta ahora se han revelado
insuficientes Es necesario reconsiderarlas, de una manera intersectorial y
multiactoral, a la luz de la nueva realidad: una pandemia que se percibe
prolongada y una pospandemia imprevisible.
Por: Susana
Finquelievich.
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