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Con el pretexto de la anterior crisis económica no sólo se redujo el gasto público en los derechos esenciales que tiene que garantizar toda administración pública, educación y sanidad, sino que se abrieron de par en par las puertas de lo público a nuevos actores privados.
Estos actores privados están influyendo tanto
en las políticas educativas, como en sus desarrollos normativos y en la
introducción de nuevos modelos y estrategias de gestión propios de la empresa.
Su papel se ha legitimado con el mantra, avalado también por administraciones y
gobiernos supuestamente progresistas, “colaboración público-privada”, que todos
los estudios e investigaciones vienen a concluir que este término es un
eufemismo utilizado para disfrazar la realidad: la parasitación de lo público
por parte de lo privado.
Cataluña, Madrid, Murcia, Andalucía y Castilla
y León han sido el laboratorio de experimentación de estas políticas
neoliberales, cada vez más salvajes y desbocadas. Están dando la “batalla
ideológica” por el significado. Resignificando conceptos propios de la
izquierda desde el enfoque neoliberal: la libertad colectiva contra la opresión
ha pasado a resignificarse como libertad “individual”, incluso a costa de los
demás; la calidad como mejora, ha pasado a resignificarse como excelencia y
algo selectivo; incluso denominan de “iniciativa social”, no aquello que se
construye comunitariamente, sino los centros concertados (negocios privados
financiados públicamente) o lo que hacen las fundaciones privadas, etc. Pero
también han conseguido introducir y normalizar en la educación, mediante este
neolenguaje, prácticas y terminología propia del mundo empresarial:
competencias, eficiencia, eficacia, rentabilidad, estandarización, talento,
etc.
Esta resignificación de conceptos ha tenido el
impulso definitivo cuando se ha legitimado la participación pública de estos
lobbys de interés privado por parte de las administraciones educativas. Actores
privados, que ya no son únicamente la clásica patronal de los centros
concertados o la eterna jerarquía católica, sino que se presentan disfrazados
de ongs, fundaciones, bancos, e incluso concursos de premios al “mejor
profesor”, como si la educación fuera un circo. Estos “influencers”, con
intereses ideológicos y lucrativos muy determinados, están condicionando las
políticas actuales de un bien común y esencial, de un derecho básico, como es la
educación.
Un claro ejemplo de la injerencia de estas
fundaciones económicas y bancarias en la educación, de la mano de la
administración, ha sido la imposición del modelo de FP dual. Modelo
inicialmente inspirado en modelos europeos pero que se ha implantado con un
enfoque de ‘flexibilidad’, precarización, explotación laboral al estilo
low-cost, sin garantías formativas ni laborales para quienes participan como
aprendices ni para las personas trabajadoras de las empresas.
No olvidemos que este modelo de formación
alternada entre el centro educativo y la empresa fue implantado por la
administración conservadora del ministro Wert y se vendió como una de las
políticas más eficaces para reducir el paro juvenil y el abandono educativo.
Pero ha sido adoptados por las ministras del gobierno actual como la biblia
educativa, así como por la inmensa mayoría de gobiernos de las comunidades
autónoma. No hay como vender bien el producto para que te lo compren, sobre
todo si nadie se encarga de inspeccionar y supervisar sus resultados.
El lobby impulsor de la FP dual, la Alianza
por la FP Dual liderada por la Fundación privada Bertelsmann, ha ido tejiendo
redes con editoriales, empresas, administraciones y sindicatos para seducir y
hacer efectiva su implantación en los centros educativos. Esta red se ha tejido
con la ayuda de las administraciones que predicaban las bondades de la
formación en la empresa, como si fueran comerciales de esta fundación, a los
claustros y los departamentos de los centros. Pese a la escasa implantación,
las administraciones de todos los colores políticos han impulsado este modelo
que ha acabado consolidándose y condicionando el currículo y la formación. Por
su parte, los centros, ante la falta de alternativas y de financiación y apoyo
para diseñar un proyecto realmente educativo, acabaron comprado el producto y
emprendieron una absurda carrera por liderar el ranquin estatal de jóvenes en
dual, ranquin de la cantidad sobre la calidad, que se ha acabado convirtiendo
en el de la precariedad.
Sin embargo, diez años después de la
implantación de este modelo dual apenas ha alcanzado al 5% del alumnado total
matriculado en FP. Además, el porcentaje que cursan esta modalidad con contrato
laboral es insignificante, el número de contratos de formación y aprendizaje
está en mínimos históricos (8.494 jóvenes en el primer cuatrimestre del 2022).
Y, por si fuera poco, en su práctica totalidad nutre de personal
becario-precario a empresas que les utilizan sin relación laboral, en un
espacio que está fuera del control de la inspección laboral y del amparo de la
representación sindical. Es decir una tierra de nadie perfecta para la
explotación laboral.
Con la nueva Ley de Formación Profesional del
Gobierno de coalición de la noche a la mañana a toda la FP se la denomina dual.
Aunque en la práctica, y a pesar de haber anunciado desde el Ministerio que
toda estancia en la empresa sería remunerada, continuarán coexistiendo dos
tipos de situaciones durante las estancias formativas: una sin remuneración
hasta 700 horas, y otra remunerada de 700 a 1000 horas con relación laboral,
pero con un periodo transitorio hasta el 31 de diciembre del 2028. Lo que
supone no solo distinta velocidad de implantación de la protección de
aprendices becarios/as y trabajadores/as, sino que las garantías de derecho a
las que se opone la patronal se trasladan en el tiempo, al desarrollo normativo
de otras futuras legislaturas.
Nos encontramos así que se consagra
definitivamente, en la normativa y en la mentalidad colectiva, la “dual del
precariado” con dos opciones: aquella que les dota de un contrato precario y
relativos derechos para las personas con mejor expediente académico, que tienen
que superar para ello varios procesos de selección (como si les fueran a
nombrar directivos) y la otra opción de explotación sin límite, a coste 0 para
la empresa: destinada al resto de estudiantes de la FP Dual, sin remuneración
ni derechos.
En esta deriva de explotación y privatización
de lo público, tenemos que otorgar el premio como campeona de este palmarés de
la privatización a Cataluña. Ha conseguido la cuadratura del círculo en
neolenguaje y políticas ultraneoliberales. Ha sido capaz de naturalizar y
normalizar en el imaginario colectivo, incluso de muchos trabajadores y
trabajadoras de la enseñanza, como ‘servicio público’ el negocio privado de la
educación concertada (Cataluña incluye dentro del servicio público educativo
tanto la educación pública como la privada-concertada y lo defienden muchos
cargos políticos y de entidades sociales y educativas).
Incluso ha dado un paso más allá y ha convertido la segregación escolar de los centros concertados en
una fuente de negocio lucrativo, vendiéndolo como
lucha contra la segregación. Cuando lo cierto es que está pagando mucho a
centros privados-concertados porque segreguen un poco menos de lo que hacen
habitualmente.
Pero esta deriva privatizadora es
especialmente sangrante en el campo de la Formación Profesional. Pese a tener
una Ley propia desde el 2015, una Agencia pública y un sistema de concertación
con los agentes sociales, mantiene:
- los recortes de la anterior
crisis, como las tasas públicas de los ciclos de grado superior (al igual
que Madrid),
- la masificación en las aulas
con sobre-ratios de 33 personas por grupo (sin contar quienes repiten
curso),
- lidera la matrícula de FP
privada online en todo el Estado y de la formación dual
en la administración pública ante la falta de empresas participantes,
- pionera y con más alumnado dual
en la administración pública, modelo que con la nueva Ley se hace
extensivo al resto de comunidades autónomas…
El modelo dual en la administración se inició
en el Ayuntamiento de Barcelona y se ha hecho extensivo a otras administraciones
públicas, ante la falta de empresas participantes en esta modalidad. Se han
denunciado incluso casos de sustitución de
profesionales por alumnado en
formación dual (que supone fraude de ley). Pero lo más preocupante es que se ha
trasladado la responsabilidad de la formación de la mitad del currículo a
personal que trabaja empresas municipales y otras dependencias públicas, sin
negociar las condiciones de las personas formadoras (que tengan cualificación
adecuada) y de los aprendices (que no se les dedique a hacer fotocopias o a
barrer, como denuncian alumnos y alumnas). Un modelo muy alejado de los
referentes europeos basados en el consenso y la negociación con los
representantes de los trabajadores.
De esta forma el modelo está basculando de lo
formativo hacia la precariedad y explotación laboral. Lo terrible es que el
gobierno catalán ha conseguido que sea normalizada y avalada esta privatización
segregadora de lo público por la mayoría de los sindicatos y por partidos
supuestamente progresistas del arco parlamentario catalán. Increíble, pero
cierto. Mucho nos tememos que las otras comunidades mencionadas le van a la
zaga y en poco tiempo serán capaces de alcanzar los puestos superiores del
ranquin en este nivel de delirio privatizador y precarizador de la educación
pública.
por
Rodrigo Plaza
Enrique Díez
Fuente
https://eldiariodelaeducacion.com/2023/05/10/politicas-neoliberales-en-educacion-el-caso-de-la-formacion-profesional-dual/
