RESOLUCIÓN DEL I CONGRESO MUNDIAL EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y CONTRA EL NEOLIBERALISMO EDUCATIVO IMPUESTO A LAS GRANDES FORTUNAS
Sindicatos
y gremios de les trabajadores de la educación del sector básico, medio y
universitarios, de la ciencia y la cultura, colectivos de investigadoras(es) y
educadores(as) populares del mundo, así como actores sociales, reunidos de modo
virtual, los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2020, en el I Congreso
Mundial de educación: en defensa de la educación pública y contra el neoliberalismo
educativo resuelven:
Resolución
novena: aprobar la siguiente resolución sobre el impuesto
a las grandes fortunas:
Asistimos
al desarrollo de una pandemia que está generando más de 30 millones de
afectados y un millón de muertos, una estadística macabra que los grandes
medios masivos de comunicación se encargan de informar segundo a segundo. Las
imágenes reproducidas en cada rincón del globo, nos muestran hasta la
procacidad, la muerte, el dolor y el sufrimiento que ocasiona este nuevo virus,
amplificando la cultura del miedo, ese eficaz método de control de los
colectivos humanos. El capitalismo y el miedo van siempre de la mano.
Esta
es una crisis económica, con un componente sanitario, que es funcional a la
concentración y centralización del capital, que agrava la desigualdad y
promueve un mayor deterioro de los derechos con gravísimas consecuencias
políticas, sociales, culturales y humanas. En el ámbito de la economía se
presenta un horizonte fuertemente recesivo.
La
caída proyectada del producto es superior a todas las crisis mundiales previas
y tanto su duración como recuperación resultan imprevisibles, con gravísimas
consecuencias para la mayoría social empobrecida.
Es
una crisis que potencialmente favorece la concentración y centralización del capital,
que agrava la desigualdad con la mayoría social y promueve un mayor deterioro
de los derechos sociales y humanos. Esto estimula una agresiva ofensiva
capitalista que involucra la militarización y represión de la dominación contra
los sectores sociales subordinadas.
Por
eso, la respuesta del capital más concentrado en el ámbito mundial exacerba la
disputa contra las/os trabajadoras/es con despidos, baja de salarios e ingresos
populares, junto a reaccionarias reformas laborales y previsionales e impacto
en mermas de remesas que sustentan la vida de muchas familias empobrecidas; el
saqueo de la naturaleza con fines privados de apropiación de los bienes comunes
y la extensión de la mercantilización y el consumismo como forma de
manifestación de la cotidianeidad, contra derechos sociales extendidos.
Los
datos de la realidad confirman la situación de desigualdad creciente, con gran
concentración del ingreso y la riqueza en una minoría, la ampliación del
empobrecimiento, la indigencia y la marginación social de millones de personas.
Son las referencias al desempleo, el subempleo, la precariedad laboral y la
pérdida de derechos individuales, sociales, sindicales y colectivos. Más
pobreza y mayor explotación es el resultado de la crisis actual, agravando esos
fenómenos que alimentan las penurias de la mayoría social en estos años de
ofensiva capitalista.
Desde
EEUU se promueve el desorden mundial para intentar recuperar su poder
hegemónico y por eso sus sanciones unilaterales y la construcción de un poder
militar global, asentado en el poder del dólar y su capacidad cultural
ideológica desde la manipulación de los medios de comunicación y la economía
del conocimiento.
Por
eso nuestra denuncia a la ofensiva del capital y del imperialismo, que
promueven en estos tiempos de pandemia y crisis sanitaria una mayor explotación
de la fuerza laboral, un saqueo de nuestros bienes comunes, al tiempo que
amenazan cualquier intento de rumbo anticapitalista, anticolonial y
antiimperialista, contra el patriarcado y todo tipo de racismo y discriminación.
Ante
esta situación exigimos que el Estado debe garantizar en la coyuntura los
derechos humanos básicos de la población, fundamentalmente la salud y la
educación a los más vulnerables, las/os trabajadoras/es, las/os campesinas/os,
las/os indígenas, las/os habitantes de villas de emergencia, favelas, etc.
La
política pública debe asegurar el salario, el empleo y el ingreso popular de
millones afectados por la COVID19 y la coyuntura socio económica.
Para
lo cual se requieren ingentes recursos y por eso proponemos, entre otras
posibles medidas las enumeradas a continuación:
- Suspensión de los pagos
de deuda pública y auditorias integrales con participación popular;
- Utilizar reservas
internacionales para atender la salud de la población ante la pandemia.
- Reformas tributarias
concentradas en impuestos a las grandes fortunas concentradas en el 1% de
la población de mayores ingresos en nuestros países;
Dichas
medidas deben acompañarse de otras reformas estructurales que incluyen la
socialización de la banca, con participación en la gestión del Estado, sus
trabajadoras y trabajadores, tanto como de la comunidad y los usuarios, para
administrar democráticamente los recursos financieros de la sociedad con fines
de desarrollos alternativos.
El
comercio exterior y el control de cambios de deben nacionalizar, junto a toda
la infraestructura asociada al comercio mundial, alentando una lógica de
integración regional y global no subordinada al imperialismo y las necesidades
de los capitales más concentrados.
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